Redacción Delegalymas
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso esta tarde tres meses de prisión preventiva y garantía económica como medidas de coerción contra los imputados en el caso de Los Tres Brazos.
Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA, así como de Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI, y José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC, se les impuso la medida cautelar de tres meses de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registro de Títulos; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, la medida de coerción impuesta contra cada uno, fue de una garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Ministerio Público.
Según indica un comunicado de prensa enviado por la Procuraduría, el Tercer Juzgado de la Instrucción de la jurisdicción del Distrito Nacional, fue apoderado para la revisión de estas medidas el próximo 25 de octubre del presente año.
Recuerda la institución, que al grupo se le imputa de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal Dominicano. Cada caso es individual y las acusaciones concretas de cada imputado se sustentarán de manera particular.
Señala que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados (INFEPA), procediendo posteriormente esa misma empresa a vender parte de los terrenos a la compañía TITULATEC. En dicha transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por 80 millones de pesos al Estado dominicano, luego fueron valorados en 200 millones de pesos.
Reitera el MP que cuentan con evidencias fehacientes que comprometen la responsabilidad penal de los encartados y que procurarán que haya justicia en el fraude cometido contra el Estado dominicano y las familias del sector Los Tres Brazos.