Redacción Delegalymas
Hasta el próximo 25 de este mes de abril fue aplazado el juicio que se conoce a los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Natanael Javier y Starling Ramírez Sierra, acusados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como a otros dos miembros de ese organismo, y a representantes de la prensa, en un hecho ocurrido el año pasado en el Centro de Retención Vehicular conocido como Canódromo El Coco.
La jueza Eveling Rodríguez, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidió este jueves aplazar el juicio, debido a que los acusados no disponían de representación legal; remitió el caso a la Defensoría Pública, a fin de que se les asigne un abogado de oficio para poder continuar con el juicio sin afectar el derecho de defensa de los procesados.
Ambos acusados son miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a quienes el Ministerio Público les atribuye violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, sobre golpes y heridas, cuya pena contemplada es de seis meses a dos años de prisión.
La acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada por la fiscal litigante Yudelkis Utate, sostiene que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Digesett.
Precisa la institución de justicia, que el incidente se registró el 12 de abril de 2022, cuando Ulloa y varios de sus ayudantes en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.
Respecto al caso, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio para Javier y Ramírez Sierra, en tanto que emitió un auto de no ha lugar en beneficio de la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña.
El juez también dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino, y ordenó el cese de la medida de coerción impuesta.