Redacción Delegalymas
Condenas de 20 años de reclusión mayor e indemnizaciones millonarias, les fue impuesta a los principales responsables de la Operación Cattleya, estructura criminal integrada por dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses, por las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
La sentencia a los implicados en la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Aseguraros los representantes del Ministerio Público, que la condena impuesta por el tribunal marca “un hito sin precedentes en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación efectiva de la ley contra quienes se lucran a costa de la explotación y vulnerabilidad de las víctimas”.
Resaltó la PETT, que esta sentencia representa un avance significativo en la persecución de delitos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a través de una investigación técnica y robusta, basada en herramientas forenses y testimonios protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad penal de los implicados y asegurando justicia para las víctimas.
Dijo también que el equipo litigante, compuesto por Aleika Almonte, Eduardo Velázquez, Noelia Taveras y Ginna Matías, jugó un rol fundamental en la presentación y sustentación de las pruebas ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, indica la información.
La sentencia. Los condenados a 20 años de cárcel y al pago de 150 salarios mínimos fueron: José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar Wilcenne, tras ser declarados culpables de violar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además de las condenas por trata de personas, Dionicio Mieses de la Cruz fue condenado por el delito de alta tecnología conforme a la Ley 53-07, mientras que María Paula Murillo Vargas, fue condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Asimismo, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, fueron condenados a tres años de prisión por proxenetismo y al pago de una multa de RD$50,000, conforme al artículo 334 del Código Penal Dominicano.
Por el caso, el acusado Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian Case Renee) fue condenado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
De igual manera, el tribunal declaró penalmente responsable al Hotel Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red criminal y ordenó su disolución. Ordenó también el decomiso de los bienes incautados durante la investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas para la comisión de los delitos.
El tribunal declaró también las costas penales de oficio respecto de los acusados José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Dionicio Mieses de la Cruz, al haber sido representados por abogados de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Respecto al acusado Carlos Jonathan Walwyn Campusano, este fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y se le dictó sentencia absolutoria, por insuficiencia de pruebas, en conformidad con el Código Procesal Penal, y, en consecuencia, se ordenó el cese de las medidas de coerción en su contra y se declararon las costas penales de oficio a su favor.
Los bienes incautados. El tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano, de los vehículos Hyundai Sonata N20, año 2016, color blanco, placa A815590; Honda Accord ELX, año 2013, placa A785478. En tanto, en el aspecto civil, acogió parcialmente la querella de dos de las víctimas, presentada por Angela Díaz, encargada de asistencia a víctimas de la PETT, ordenando el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios de RD$3,000,000.00 a favor de una de ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Oscar Wilcenne, así como RD$3,000,000.00 a favor de otra, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto.
La lectura íntegra de la sentencia será el 24 de abril de 2025 a las 9:00 de la mañana y, a partir de esta, las partes podrán ejercer los recursos legales correspondientes. El tribunal ordenó la notificación de la decisión del tribunal al juez de ejecución de la pena correspondiente.