Redacción Delegalymas
El Tribunal Colegiado de Jimaní, provincia Independencia, condenó a 10 y 15 años de cárcel a los imputados en la denominada Operación Iguana, luego de que el Ministerio Público lograra demostrar en la audiencia de fondo la responsabilidad penal de los integrantes de la red de tráfico ilícito de migrantes.
El tribunal condenó a Roberto Méndez Pérez y a Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, mientras que a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán los sentenció a 15 años, así como al pago de una multa de 150 salarios mínimos. Respecto a los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán, los jueces del tribunal decidieron una sentencia absolutoria.
Durante el juicio, los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aportaron diferentes elementos probatorios, acogidos como buenos y válidos por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, para dictar la sentencia condenatoria.
La Operación Iguana. La PETT estuvo encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, quien ejecutó la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada la red, acusada de utilizar la frontera domínico- haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
Señala el expediente acusatorio, que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno, e igualmente privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas.
Al grupo se les acusó de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.