Directivos de la corriente gremial Dignidad Jurídica, plantearon este viernes durante una rueda de prensa encabezada por su presidente, Leonardo Reynoso, que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debe acoger la solicitud de extinción de la acción penal presentada el pasado miércoles por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por haberse vencido el plazo máximo de duración del proceso establecido por la ley.
Indica la entidad, que la presentación de esa solicitud continuará el próximo lunes 27 de julio a las 9:00 de la mañana, por lo que invita a la comunidad jurídica a participar de dicha audiencia pública como observadores de las garantías jurídicas que deben prevalecer los tribunales.
Afirmó el presidente de Dignidad Jurídica, entidad gremial con más de 5,000 abogados organizados en todo el territorio nacional, que “este caso trasciende la situación particular del imputado y coloca al sistema de justicia frente a una decisión de profundo alcance institucional”.
“Cuando el legislador establece un límite al poder punitivo del Estado, ese límite existe precisamente para ser respetado. Las garantías constitucionales no fueron creadas para los casos fáciles, sino para aplicarse con igual firmeza en aquellos asuntos de mayor notoriedad pública”.
Recordó asimismo, que el Código Procesal Penal dispone expresamente en su artículo 150 la extinción de la acción penal cuando el proceso supera el plazo máximo legal de 4 años, sin que exista una decisión judicial que atribuya al imputado maniobras dilatorias capaces de justificar su extensión.
Indicó además, que ese proceso supera ampliamente dicho límite, después de casi seis años desde el inicio de la investigación, sin que exista una sola decisión judicial que haya declarado que Jean Alain Rodríguez provocó retrasos procesales que permitan ampliar el plazo previsto por la ley.
Sostuvo que la seguridad jurídica exige que las leyes se apliquen con criterios uniformes. “La ley no distingue entre procesos pequeños o grandes, populares o impopulares. Si el Congreso fijó un límite temporal a la persecución penal, ese límite debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Lo contrario significaría sustituir el Estado de derecho por decisiones determinadas por la presión mediática o las circunstancias políticas”.