Inicio Justicia Tribunal envía a prisión preventiva por 18 meses a cuatro imputados en la Operación Nido

Tribunal envía a prisión preventiva por 18 meses a cuatro imputados en la Operación Nido

A tres se les impuso arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

Cuatro imputados en la Operación Nido, entre estos Emanuel Rivera Ledesma, considerado como el cabecilla de una supuesta red de estafa inmobiliaria, fueron enviados a Najayo Hombre por 18 meses, por el juez  Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público para la imposición de la medida de coerción de los imputados y de declarar de complejidad el caso.

Además de Emanuel Rivera Ledesma deberán cumplir prisión preventiva Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.

Mientras que para Reilin Arismendy Rosario García, el juez ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida y, para María Gabriela Rivera Pichardo y  Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, ordenó la presentación periódica y el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.

De acuerdo con los argumentos del juez en la decisión, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera tuvieron una participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público. “Son pruebas demoledoras, lícitas, que están interconectadas con el accionar delictivo de los imputados para ocasionar el perjuicio a las víctimas”.

Respecto de la decisión del tribunal, los procuradores fiscales Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena representantes del Ministerio Público, dijeron a la salida de la audiencia, que se le impuso prisión preventiva a todas las personas que el juez consideró que eran empleados de primer orden en las maniobras fraudulentas de la estafa.

“El juez dijo que la medida de coerción es una medida bastante seria, con pruebas suficientes, no solamente documentales, sino periciales, e indicó que a los demás imputados, que fueron la señora Escarlet, la hija María Gabriela, le impuso las demás medidas del Código, garantía de 5 millones de pesos, le impuso grillete electrónico, impedimento de salida del país, es decir, que no se le impuso prisión preventiva porque su participación era un poquito menor”, detalló la fiscal Sourelly Jáquez.

Indicó que con relación a la señora Escarlet se le impuso dicha medida porque está en un período de lactancia con una niña recién nacida. “Esa fue la razón por la que a ella no le dio prisión preventiva porque también la considera como una de las actoras principales de una persona que utilizó las inversiones de las personas para tomarlo para su uso personal”, precisó.

Dijo además, que hasta el momento 199 víctimas han presentado querellas e indicó que continúan con los interrogatorios. “Hay aproximadamente cinco vendedores más de los proyectos que están en proceso de interrogatorios”.

Destacó la representante del Ministerio Público, que comenzaron a recuperar bienes que estaban distraídos por los imputados y que serán custodiados.

La Operación Nido. Fue puesta en marcha el pasado 3 de enero por el Ministerio Público, con la cual quedó desmantelada una red que supuestamente estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En la jornada de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

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