Inicio Justicia Tribunal impone medidas de coerción a los 39 encartados en la Operación Discovery

Tribunal impone medidas de coerción a los 39 encartados en la Operación Discovery

Ocho de ellos considerados los líderes de la estructura del ciberdelito van a prisión por 18 meses

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este lunes medidas de coerción a los 39 imputados en la Operación Discovery, con prisión preventiva de 18 meses para ocho de ellos considerados los líderes del entramado.

El tribunal acogió la petición del Ministerio Público, tras demostrar suficiencia probatoria contra la red que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos haciendo uso de medios electrónicos.

La jueza Yiberty Polanco ordenó la prisión preventiva por 18 meses a ocho de los encartados e impuso un arresto domiciliario.

Deberán cumplir privación de libertad: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz y/o La Válvula, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Génaro Antonio Hernández Caba y Jhonatan Francisco Vásquez Ventura.

Mientras que Enmanuel Castro Ozuna (Billete) deberá guardar arresto en domicilio con  la colocación de un dispositivo electrónico.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para declarar el caso de tramitación compleja, debido a que se trata de un proceso en el que hay pluralidad de imputados, de víctimas y de delitos endilgados.

El dispositivo de la sentencia será leído de manera íntegra el próximo martes 19 de abril. En el mismo se establece además, la imposición de una garantía económica e impedimento a salir del país a los restantes 30 encartados.

El imputado Willian Hiche Cárdenas tendrá que llevar un dispositivo electrónico, pagar una garantía económica de $500,000 pesos a través de una compañía aseguradora, permanecer en el país y presentarse periódicamente ante las autoridades.

Los encartados David Antonio Guzmán Javier, Juan de Dios Martínez Brito y Wilmer Abreu Durán deberán pagarán una garantía económica de $800,000 pesos, prohibición a salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.

En tanto, Josué de Jesús Marte, Winston Rafael Batista Brito y Jean Carlos Rosa Vargas deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, prohibición de salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo de localización electrónica, como medidas de coerción.

Asimismo, las imputadas Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz y Anabel Adames deben pagar una garantía económica por la suma de un millón 500 mil pesos, prohibición de salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.

Mientras que al imputado Enrique Sánchez se le impuso el pago de una garantía económica de $300,000 pesos, prohibición de salir del país y presentación periódica.

La decisión del tribunal incluye también las medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica, prohibición de salir del país y presentación periódica para los imputados Joel Estévez Then, Willys Mena, Félix Manuel Jorge Muñoz, Carlos Silverio Gómez, Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Cristina Lhin Yeng y Linda Pérez.

También, Cedrik Sánchez Rodríguez, Wilson Núñez Rodríguez, William Alberto Díaz Cruz, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomas Camacho Tejada, José Óscar Peguero Martínez, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Jonathan Yoelfri Peña Martínez.

La jueza valoró el debido proceso de ley con el que el Ministerio Público cumplió y destacó que había un delito de investigación previa, en la que se procedió bajo el marco legal.

También valoró la cooperación internacional con la cual el Ministerio Público  llevó a cabo la labor persecutora y rechazó que se haya transgredido el derecho interno, como alegaron los imputados a través de sus abogados.

Previo a detallar las medidas que impuso a los miembros de la estructura mafiosa, la jueza argumentó las razones por las que rechazaba todos los incidentes planteados por las defensas técnicas respecto al alegato de la inconstitucionalidad, acerca de la presencia de las víctimas y a la flagrancia.

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