Redacción Delegalymas
Tras varios aplazamientos de audiencias, este martes la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a tres de los miembros de la Operación Guepardo.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, dictando privación de libertad a tres de los involucrados en la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos.
La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso la medida cautelar al nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes deberán cumplir la prisión en el Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y en Najayo Mujeres
Durante la audiencia, el Ministerio Público es representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, también logró que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposición a venta u traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.
La magistrada Cristo Cristo también rechazó los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su arresto.
Operación Guepardo. La estructura se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de RE/MAX, por ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en ese mercado.
La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, ha identificado que los miembros de la organización delictiva han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.
La desarticulación de la red se hizo el pasado viernes 7 de febrero mediante 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde fueron secuestrados vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes al entramado, con los que el órgano persecutor ha logrado identificar el modus operandis de la red.
Al caso el Ministerio Público le ha dado la calificación de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.