Redacción Delegalymas
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este martes 22 de febrero las medidas de coerción al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez y otros cuatro encartados en el Caso Medusa.
Las medidas les fue confirmada a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien desde julio del pasado año cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, así como la prisión domiciliaria a Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercede Marte y Jenny Marte Peña.
La magistrada adoptó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público para que se mantengan las medidas de coerción en contra de los encartados.
En el caso del exprocurador Rodríguez Sánchez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra, a quienes les fue ratificada en diciembre pasada la medida de 18 meses de prisión preventiva, la cual cumplen en Najayo Hombres, la nueva revisión obligatoria fue programada para el próximo 19 de marzo.
El proceso judicial involucra también al exasesor de Comunicación Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Mientras que a Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España fue solicitada su entrega a la República Dominicana.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República, a través de la que, supuestamente, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El procurador adjunto Wilson Camacho ponderó la ratificación de medidas de coerción contra los imputados del Caso Medusa.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.