Este miércoles el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán pedir a las plataformas de redes sociales eliminar contenidos que pueda llevar a la desinformación, decisión que favorecerá al país y especialmente al presidente Biden en su campaña electoral.
Con seis votos contra tres, el Supremo rechazó la intensión de los republicanos de limitar esta capacidad, desestimando así la petición de los gobiernos de Misuri y Luisiana, y de varios usuarios de redes, quienes presentaron una demanda acusando a la Administración de Biden de ejercer censura y violar con ello la Primera Enmienda, sobre la libertad de expresión.
La relevancia del caso sobre el que este miércoles decidió el Supremo, cuya audiencia fue celebrada en marzo, era notable, ya que podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales sobre temas como la covid-19 y las elecciones.
Pero, en lugar de profundizar en las cuestiones de la Primera Enmienda planteadas, el tribunal dictaminó que el Estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la Administración de Biden no tenían legitimación activa para demandar.
“Para establecer su legitimación, los demandantes deben demostrar un riesgo sustancial de que, en un futuro cercano, sufrirán un daño que se pueda rastrear hasta un demandado del Gobierno y que pueda repararse mediante la orden judicial que solicitan” y “debido a que ningún demandante ha soportado esa carga, ninguno está legitimado para solicitar una orden judicial preliminar”, argumentó la jueza Barrett Amy Coney, quien redactó la opinión.
Indica la información sobre la decisión judicial, que a raíz de la pandemia de coronavirus, los funcionarios de la Administración de Biden iniciaron una campaña para persuadir a las plataformas de redes sociales para que eliminen publicaciones que contengan información errónea sobre las vacunas, la pandemia o, previamente, las elecciones de 2020. Todo ello con el argumento de que muchas de esas publicaciones iban en contra de las propias políticas de las plataformas.
Añade además la información, que en 2022 funcionarios republicanos de los Gobiernos de Misuri y Luisiana demandaron a la Casa Blanca por atentar contra la Primera Enmienda, la cual impide que el Ejecutivo censure y castigue a quienes expresen sus opiniones. Sin embargo, este miércoles el máximo tribunal del país estimó que los estados y los individuos no podían demostrar que fueron perjudicados directamente por la comunicación entre los funcionarios federales y las redes sociales.
A juicio de la magistrada Amy Coney Barrett, compañías como Facebook y YouTube tienen políticas de moderación de contenido de larga data y los impugnantes no demostraron que las acciones de las empresas para eliminar publicaciones fueran atribuibles al Gobierno.
Debido a que en Estados Unidos no existen normas que regulen de manera específica los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante esa ausencia, el Tribunal Supremo se prepara para adquirir un papel cada vez más importante en ese sentido.
Fuente: EFE