Este jueves el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró escéptico ante la petición del expresidente Donald Trump, respeto a que por haber sido presidente del país cuenta con inmunidad judicial absoluta.
No obstante, hubo jueces que se inclinaron por no decidir totalmente sobre el caso y devolverlo a tribunales inferiores. Durante una histórica audiencia de más de dos horas, los nueve magistrados, seis de ellos conservadores y tres progresistas, interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del ex mandatario republicano.
El tribunal de alzada debe decidir si Trump tiene inmunidad absoluta por haber sido presidente del país, y si debe anularse el juicio pendiente en su contra en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio.
En ese sentido, la mayoría de jueces se mostraron escépticos a la petición de Trump, al considerar que sólo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad y no aquellas que tienen carácter personal, pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Según ha trascendido, al exgobernante Trump, precandidato republicano en las elecciones del próximo 5 de noviembre, le beneficia alargar el litigio, debido a que, si logra volver a la Casa Blanca, podría ordenar al Departamento de Justicia cerrar las acusaciones federales en su contra.
En cambio, la Fiscalía especial liderada por Jack Smith presiona al alto tribunal para que tome una decisión rápida y se puedan retomar los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, el cual tendría que haber comenzado el pasado 4 de marzo pero fue suspendido por la petición de inmunidad de Trump.
Aún se desconoce cuándo el Supremo emitirá su fallo, aunque podría publicar sus decisiones en junio próximo, antes del receso de verano. Y, aunque no consta en la Constitución ni en las leyes, los presidentes de Estados Unidos activos históricamente han gozado de inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones, para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.
En la audiencia de este jueves, interrogado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, el abogado del expresidente republiccano admitió que algunas de las acciones que este llevó a cabo tras las elecciones de 2020 tuvieron carácter “privado” y probablemente no estén protegidas por la inmunidad.
Posteriormente, el también conservador Samuel Alito presionó al fiscal con la idea de que dejar desprotegidos a los expresidentes “desestabilizaría” la democracia porque abriría la puerta a que los nuevos mandatarios encarcelaran a sus predecesores por venganza.
Del mismo modo, las juezas progresistas se mostraron muy contrarias a la inmunidad absoluta de Trump. Elena Kagan recordó que los redactores de la Constitución se oponían a la existencia de un “monarca” que estuviera “por encima de la ley”, mientras que Ketanji Brown Jackson señaló que el indulto que recibió Richard Nixon tras el escándalo del Watergate demuestra que los exmandatarios sí pueden ser procesados judicialmente.
Consideraron, no obstante, que a diferencia de Trump, Nixon no fue imputado formalmente por ningún delito, y que su sucesor, Gerald Ford (1974-1977), le concedió un indulto preventivo por cualquier delito que hubiera podido cometer durante su Presidencia, a fin de evitar que fuera enjuiciado en el futuro, ya que en ese momento el país estaba dividido y se tomaban decisiones polémicas.
Fuente: EFE