Redacción Delegalymas
El juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de prisión preventiva al imputado Alfredo Alexander Solano del Caso Medusa, por arresto domiciliario, el pago de una garantía económica por un monto de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
La decisión del magistrado en favor del exsubdirector administrativo del Ministerio Público, fue cuestionada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien lamentó que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción procesados por el Ministerio Público.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deploró que “los tribunales continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo”.
Al ser consultada por los periodistas respecto a la decisión el juez de disponer el cese de la prisión preventiva al imputado, Ortiz indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud”.
Sostuvo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público en estos momentos producto de sus múltiples operaciones contra la corrupción y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la obtención de dichas pruebas; cosas que no se habían visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.
“Los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.
La litigante de la Pepca resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, “que la cárcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.
“El juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, lamentó Ortiz.
Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso, pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, sostuvo.