Redacción Delegalymas
El juez José Rafael D’ Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso medidas de coerción a los 25 involucrados en la denominada Operación Duscovery 2.0. Las medidas cautelares fueron: un año de prisión preventiva a 9 de ellos, así como arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país para los 16 restantes.
De acuerdo con los argumentos del expediente condenatorio, el Ministerio Público logró probar la gravedad de las imputaciones contra los 25 imputados por estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos, procesados bajo la Operación Doscovery 2.0.
El magistrado acogió la petición del Ministerio, al sostener que halló méritos suficientes para, además, declarar el proceso de tramitación compleja imponer las medidas de coerción pedida.
El juez ordenó el cumplimiento de prisión preventiva de 12 meses para Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey; Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte, en el Centro de Corrección y Rehabilitación-Vista al Valle.
También, Leslie Agnes Succart González, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Mujeres; Deuris Antonio Franco de la Cruz y Miguel Ángel Camilo Pérez en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, así como Hayler Andrés Olivarez Núñez, y Erick Ángel Peña Núñez en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
Mientras que a Arlin Josefina Rosa Rosario, se le impuso arresto domiciliario basado en una solicitud del Ministerio Público, por una condición de salud certificada, así como el pago de una garantía económica, prohibición de salir del país y presentación periódica el último viernes de cada mes.
En tanto, el juez también impuso el pago de garantías económicas, prohibición de salir del país y presentación periódica a los imputados: Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Francheska Antigua Pérez y Mérido Antonio Guzmán Castro.
Estas medidas cautelares incluyen también a Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Luis Manuel Martínez, Amaury Joel Mesón, Waskar Canot Guzmán y/o Alexander Guzmán García, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla, Miguel Ángel Vásquez (Disla), Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
Respecto a las medidas impuestas por el tribunal, el fiscal del Ministerio Público, Warlyn Alberto Tavárez, resaltó el blindaje que recubre la investigación, probando las imputaciones que de manera provisional, ha indilgado a cada uno de los procesados.
Dijo también que prueba de la fortaleza de la investigación es la admisión de cargos que han hecho varios de los imputados. El representante de la Fiscalía subrayó también que estos imputados utilizaban todo tipo de maniobras engañosas para despojar de los recursos económicos a las víctimas.
Expresó que la estructura criminal cometió numerosos delitos electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de identidad, la cual fue desarticulada tras más de un año de investigación, análisis de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una operación del Ministerio Público que integró además, a la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
Agravios cometidos. Explica el Ministerio Público, que además de la afectación económica sufrida por las cientos de personas envejecientes estafadas en los Estados Unidos, defraudadas con millones de dólares fruto de las estafas, los delitos cometidos por los integrantes de esta estructura constituyen un agravio a la imagen de República Dominicana, lo que a su vez lacera el turismo, una de las actividades principales en las que se sustenta la economía nacional; afecta las relaciones de la nación con otros países, y supone un punto de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias que se les despoja de sus recursos.
Establece la institución de justicia, que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
Recuerda la Fiscalía que la investigación se desarrolló en contra de ciberdelincuentes que eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, los cuales fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados.