Redacción Delegalymas
Este jueves los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidieron variar la medida de coerción de prisión preventiva al exministro de Hacienda 2016-2020, Ángel Donald Guerrero Ortiz, tipificado por el Ministerio Público como uno de los principales implicados en la Operación Calamar.
El tribunal le varió la privación de libertad al imputado por una garantía económica de RD$5 millones a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
La decisión fue tomada por la magistrada Doris Pujols, presidenta de la Sala Penal de la Corte de Apelación junto a los jueces Rafael Báez e Indhira Montás, encargados de conocer el recurso de la defensa del imputado para que se le variara la prisión preventiva de 18 meses que le había impuesto la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y que le ordenó cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Respecto a la variación de la medida de prisión preventiva al imputado en la Operación Calamar, el fiscal Arolin Lemos, miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público, como se ha establecido durante la actual gestión, seguirá haciendo el trabajo que ha asumido en su rol de persecución de los delitos de corrupción.
“Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte como lo hemos hecho en tiempo anteriores”, destacó Lemos al responder preguntas de los periodistas al salir del tribunal.
La defensa del imputado pidió que se revocara la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que el pasado 11 de septiembre le ratificó la prisión preventiva impuesta al imputado por su vinculación a los hechos de corrupción por los que es procesado.
El Ministerio Público le imputa al exfuncionario gubernamental encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar, la cual, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Señala además el documento, que desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En dicho expediente el Ministerio Público imputa también a los exministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.