Redacción Delegalymas
Será el próximo miércoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando el juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, conozca la medida de coerción a los encartados en el Caso Iguana.
Según informó la fiscal Belkis Ulloa, la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, la cual pidió más tiempo para conocer el expediente, pero aseguró que el Ministerio Público está listo y dispuesto para conocerla.
El Ministerio Público de Independencia destacó este miércoles la fortaleza de la investigación que lleva a cabo por tráfico de inmigrantes en el caso, y aseguró que cuenta con suficientes elementos probatorios que le permitirán obtener las medidas de coerción solicitadas contra los siete involucrados, quienes también están imputados de secuestro.
El MP solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.
Dijo que el Ministerio Público viene realizando la investigación desde diciembre pasado, a propósito de acciones delictivas, entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos.
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó al ser preguntada por periodistas que la abordaron luego de que el Juzgado de la Instrucción de Jimaní, provincia Independencia, aplazara el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles.
“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigación que hemos estado realizando”, añadió la fiscal de la PETT.