Elías Caamaño Pérez, acusado de formar parte de una red delictiva que presuntamente distribuyó sobornos ascendentes a los 108 millones de pesos con el propósito de adquirir la contratación del servicio de seguridad privada en diferentes instituciones públicas, recusó este lunes al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Al respecto, el Ministerio Público, representado en la audiencia por fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto, aseguró que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso contra los acusados de formar parte de la red. “No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”.
“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, aseguró el fiscal Guzmán Alberto, al referirse al mecanismo utilizado por Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El caso. Se recuerda que el pasado mes de octubre el juez Deiby Timoteo Peguero dispuso la separación de Caamaño Pérez del expediente matriz presentado por el Ministerio Público. Y en julio pasado el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que afirma integraban la red de sobornos.
Además de Elías Caamaño Pérez, en el caso también están acusados Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Figuran además, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Están acusadas también, las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Según se detalla en el expediente, los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La investigación del caso fue iniciado por la Pepca con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red, calificada como criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Según establecen las investigaciones, la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.

