Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decidieron en la audiencia de este martes separar a la empresa Inprosol, SRL, involucrada en el expediente por presunta corrupción administrativa que se sigue contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados en el caso.
La decisión de las magistradas responde a la solicitud del Ministerio Público, representado en la audiencia por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
De acuerdo con información del órgano acusador, en la audiencia celebrada este martes, el representante de la empresa socia mayoritaria de PagoRD, Pago Xchange, SRL (nombre internacional), solicitó al tribunal un aplazamiento debido al fallecimiento del “único dueño” de la misma.
Revela además, que la empresa Inprosol alegó que no tener defensa, por lo que el tribunal decidió aplazar la audiencia para el próximo 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, considerando las juezas permitir una única oportunidad a la empresa PagoRD, y ordenando a la vez la separación del juicio de la parte imputada, ya que esta pide a la Defensoría Pública, un defensor público, alegando la institución que solo defiende a personas físicas, y que está a la espera de una decisión al respecto del Tribunal Constitucional.
Proceso judicial. Se recuerda que fue iniciado con la puesta en marcha de la denominada por el Ministerio Público “Operación Camaleón”, en el 2024, por la que fueron enviados a juicio en el mes de junio del año pasado-2025- Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
También, Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, sumándose a estos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados igualmente a juicio, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, así como las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según el órgano acusador, la organización estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, los cuales, aprovechando su posición o conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
De acuerdo con el Ministerio Público, la actuación de los procesados se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).