Redacción Delegalymas
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público y envió a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos producto del narcotráfico.
Respecto a la decisión del magistrado, el procurador adjunto Pedro Amador dijo “respetamos totalmente la decisión del juez que ha conocido esta solicitud de apertura a juicio, no obstante, ha excluido varias pruebas del Ministerio Público, las que nosotros a través de la disposición que establece el artículo 305 habremos de escribir a los fines de que eso sea subsanado”.
Al ser cuestionado por los periodistas añadió, “Nos referimos puntualmente a una prueba consistente en un allanamiento que se hizo en la jurisdicción de La Vega para el año 2019 y que tiene que ver con la ocupación de la mayor cantidad, entiéndase, la mayor cantidad de éxtasis en la República Dominicana y varios países de la región. Esto es 111,725 pastillas”, agregó.
Dijo en ese sentido, que como ese allanamiento reviste particular importancia para los fines que les ocupa, por tratarse de lavado de activos provenientes del narcotráfico y por la vinculación con los acusados y dueños de ese alijo, procurarán que sea reevaluada la pertinencia, la utilidad, la relevancia, pero, sobre todo, la legalidad de esta actuación.
Explicó asimismo, que el juez se avocó a excluir esa prueba en particular, porque el Ministerio Público hizo una primera incursión en este domicilio, luego se retiró y tras unas horas después, al advertir y tener conocimiento de que había otros elementos de prueba que estaban ahí, volvió.
Sostuvo que el juez entendió que debió proveerse al Ministerio Público de otra autorización judicial que permitiera incursionar en esta vivienda.
Con relación a la devolución del pasaporte a la acusada, el procurador expresó que “es absoluta y totalmente desproporcional; reiteramos, respetamos la decisión del juez, no obstante, no estamos en absoluto y modo alguno de acuerdo con esto”.
Consideró que a la diputada debió imponérsele medida de coerción. “Nosotros con la acusación presentada y diciendo la responsabilidad que se le ha entendido retenida a la acusada es más que suficiente razón para imponer una medida de coerción, más que suficiente razón. Si leemos el artículo 229 del Código Procesal Penal, este dice textualmente que la probabilidad de la pena a imponer, ya de por sí, es una declaración de un peligro de fuga, y se demuestra el peligro de fuga”, declaró el representante del Ministerio Público.
“Recordemos que todos los demás miembros de su núcleo familiar directo están acusados y están conociéndose sus audiencias en La Vega”, señaló.
Con relación a los bienes incautados, el procurador Amador recordó que el monto del dinero que se le colocó en sus cuentas asciende a 4,451 millones de pesos, solamente lo que tiene que ver con ella de manera particular.
En cuanto al inicio del juicio dijo que lo va a determinar la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que es la que va a estar apoderada para el conocimiento del mismo.
Caso de la diputada Pilarte. El tribunal dictó auto de apertura a juicio contra Rosa Amalia Pilarte por la violación a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como también los artículos 3, letras A y B, artículo 18, y artículo 21, literales A y B, de la Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.