Redacción Delegalymas
Con una instancia en la que establece la gravedad de los ilícitos cometidos, los cuales afectaron varias instituciones, el Ministerio Público solicitó este viernes a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, imponer prisión preventiva de 18 meses a los 16 arrestados en la Operación Colibrí, y que el caso sea declarado complejo.
Los involucrados se especializaban en la falsificación de documentos públicos, actividades fraudulentas que fueron descubiertas mediante el despliegue de la Operación Colibrí.
A través de dichas acciones ilícitas los arrestados, entre ellos un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), vulneraron y amenazaron la seguridad jurídica y la confianza institucional, principalmente la del Registro Civil del país.
Las investigaciones realizadas por la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, detallan que los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte y tenencia de armas, actas de defunción, de matrimonio, de bautismo, entre otros documentos públicos.
Para el esclarecimiento de los hechos el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo, el cual está entre los sometidos a medida de coerción.
Durante el desmantelamiento en la ciudad cibaeña, que incluyó 18 allanamientos con la participación de más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional, fueron incautadas evidencias documentales y materiales, tales como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias, títulos de propiedad falsificados, dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.
Tenían también en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
Se encontraron igualmente documentos apostillados, que luego de adulteraban para que se pudieran utilizar en el extranjero.
Al respecto, el titular de la Fiscalía de Santiago, magistrado Osvaldo Bonilla, reveló este viernes que los allanamientos se desarrollaron en centros de internet que servían como laboratorios para estas tareas fraudulentas, oficinas de abogados así como viviendas, en donde se incautaron las pruebas que serán presentadas al tribunal.
“La que nos ocupa es una investigación en la que trabajábamos junto a la Junta Central Electoral (JCE), hace aproximadamente un año. El impacto de las actividades desarrolladas por esta estructura lo medimos en función de la amenaza que representó para la seguridad jurídica de la JCE, el Ministerio de Interior y Policía, entre otras instituciones a las que ha afectado”, dijo Bonilla.
Imputados en Operación Colibrí. Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último empleado de la Junta Central Electoral.
Se detalla en la instancia que además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, la organización criminal transgredió la credibilidad de la documentación pública emitida por los órganos del Estado.
En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público establece que estas actividades fraudulentas afectaron a ciudadanos de República Dominicana a quienes se les ha afectado su identidad, derecho constitucional, así como también a la Junta Central Electoral, mediante la afectación de la fe pública de los documentos emitidos por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y la certeza del registro de los actos que realizan las personas durante su vida civil.
Entre las imputaciones que le hace a los involucrados está la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas; falsificación de documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.
La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Y en adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Según las investigaciones realizadas hasta el momento, varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre RD$5,000 y RD$20,000.