Redacción Delegalymas
Tras valorar la calidad y contundencia de la investigación, la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva a los supuestos cabecillas de la denominada Operación Colibrí, la cual puso en riesgo la seguridad jurídica del país, al incurrir en el delito de falsedad de documentos públicos y otros crímenes.
Según establece la decisión de la magistrada, la organización no sólo incurrió en delitos graves, como advierte en su solicitud el Ministerio Público, sino que además sirvió de vía para la comisión de otros crímenes, por lo que declaró de tramitación compleja el caso, advirtiendo el tribunal la estrecha vinculación de todos los implicados y subrayando que “este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana”.
La prisión preventiva de 18 meses les fue impuesta a Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso, este último empleado de la Junta Central Electoral (JCE).
Mientras que les fue impuesta garantía económica de RD$500,000 a pagar mediante contrato a José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega.
Estos últimos deberán acudir periódicamente por ante la Fiscalía los días 17 de cada mes, y tienen impedimento a salir del país sin previa orden judicial.
El próximo martes 21 del presente mes, a las 3:00 de la tarde, el mismo tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien será asistido por un defensor público, debido a que su defensa técnica abandonó el proceso en plena audiencia este viernes.
Operación Colibrí. Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte y tenencia de armas, actas de defunción, actas de matrimonio, acta de bautismo, entre otros documentos públicos.
La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, en la investigación, con el apoyo de la Junta Central Electoral, uno de los organismos cuyo sistema se vio vulnerado por los imputados.
Entre las pruebas materiales aportadas por el Ministerio Público están: plástico para la impresión de cédulas, carnet, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Los imputados enfrentan cargos penales descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra José Alfonso Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.