Redacción Delegalymas
Tegucigalpa. EFE.- El juicio oral contra la ex primera dama hondureña Rosa Elena
Bonilla, en prisión desde febrero de 2018 por presunta corrupción, comenzó este lunes,
informó a Efe una fuente oficial.
La audiencia comenzó tras dos aplazamientos por cambio de la defensa de Saúl Escobar,
antiguo secretario privado de la ex primera dama, dijo el portavoz del Poder Judicial en
Tegucigalpa, Carlos Silva.
Agregó que el juicio oral se celebra en el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción,
donde, se sentaron en el banquillo de los acusados Bonilla, un cuñado de ella, Mauricio Mora,
y su ex secretario privado.
La esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) es acusada de apropiación
indebida y fraude, mientras que Mora y Escobar enfrentan juicio por seis delitos de fraude,
según las autoridades.
Bonilla permanece presa en una cárcel para mujeres desde el 28 de febrero de 2018, cuando
fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado, por presunta corrupción.
El expresidente Lobo dijo a los periodistas que espera que en el caso de su esposa,
denominado Caja Chica de la Dama, haya justicia.
La gente que está señalada tiene derecho a que la Fiscalía le informe, y (a la ex primera
dama) no le informaron nada, solo libraron la orden de captura y allanamiento, indicó Lobo
citando la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En Honduras puede pasar cualquier cosa, porque estamos en la ley de la selva, subrayó el
exgobernante, quien a inicios de febrero fue denunciado por el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA) de malversar más de un millón de dólares del Estado destinados a
programas sociales.
Bonilla y su cuñado fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público,
coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Escobar se entregó en marzo de 2018 a las autoridades hondureñas y desde entonces se
encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.
Los acusados, según una denuncia del Ministerio Público, se habrían apoderado de más de
16 millones de lempiras (unos 651.996 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales
para ocultar dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales.