Redacción Delegalymas
Para el joven Jean Andrés Pumarol Fernández de 30 años de edad, quien el pasado martes mató a cuchilladas a una mujer e hirió a cinco personas durante un hecho de violencia en un edificio de apartamentos del sector Naco, del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
La audiencia, pautada inicialmente para este viernes, fue reprogramada por el juez Rigoberto Sena para el domingo, a fin de garantizar el traslado al tribunal del imputado, quien se encontraba ingresado en un centro de salud.
Según la solicitud de medida cautelar, presentada por la procuradora fiscal Vidalis Mora, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, agrediendo a diferentes residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, quien perdió la vida.
Añade además, que el procesado atacó e hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, padre del agresor.
Indica asimismo, que el hecho fue atendido de manera inmediata por agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron en respuesta a una llamada al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1., presentándose además al lugar autoridades del Ministerio Público.
Detalla igualmente el documento, que durante la intervención, los agentes policiales lograron controlar y arrestar al imputado, quien se encontraba armado con cuchillos y mostraba una conducta violenta, cuando fue detenido en flagrante delito.
Ministerio Público. Le imputa a Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años de edad, la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2 sobre tentativa de homicidio, y el artículo 309, que sanciona las heridas y la violencia voluntaria. También, violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de armas blancas con fines delictivos.
Considera el Ministerio Público, que dadas las circunstancias del caso, la prisión preventiva como la medida de coerción es la más idónea, a fin de garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, conforme al artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.