Redacción Delegalymas
Al nombrado Miguel Antonio Torres Hernández, arrestado con el apoyo de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-Interpol) y la Oficina Central Nacional Santo Domingo, luego de que fuera activada una Alerta Amber, para la localización y el rescate de una menor, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por secuestro de una niña de cuatro años de edad que retuvo ilegalmente en México y trajo al país con una falsa identidad.
Al señalado, Miguel Antonio Torres Hernández (Kevin León Wooden y/o Shaban Kuka), a solicitud del Ministerio Público, le fue impuesta la medida cautelar, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17).
De acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría General, en el caso aparece igualmente como coimputada, Viviana Villarreal Cambero, quien supuestamente participó de manera activa en el entramado ilegal para la retención y suplantación de identidad de la menor, de la que además figura actualmente como madre, según documentos falsificados.
Por el hecho, a Villarreal Cambero el tribunal le impuso como medida coerción, una garantía económica de RD$800,000 mediante contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Según detalla la Procuraduría en el documento, desde el 23 de julio de este 2025, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a Torres Hernández y Villarreal Cambero por violación al Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el Código Penal Dominicano.
Añade que el caso fue presentado por la procuradora de corte Shirley Aurich, de la Dinnaf, y el fiscal José Ramón Martínez ante la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien decidió las medidas de coerción a los imputados.
Detalla el documento, que la niña, que ahora cuenta con cuatro años de edad, fue separada violentamente en Guadalajara, Jalisco, México, de su madre biológica, de nacionalidad colombiana, cuando tenía 11 meses. Explica además, que Torres Hernández fue pareja sentimental de la madre de la víctima y supuesto padre biológico de la misma, aunque no figura como tal en el registro de nacimiento de Colombia.
Señala igualmente, que en un viaje familiar a México, la menor fue retenida ilegalmente por Torres Hernández, quien cambió la identidad de la niña y la trasladó a República Dominicana con documentos falsificados, suplantando su verdadera identidad y afectando su integridad y derechos fundamentales.
Agrega asimismo, que la madre denunció el secuestro ante la Policía de Guadalajara, Jalisco, México, iniciándose una investigación que motivó la emisión de una orden de captura internacional contra Torres Hernández, así como la activación de una Alerta Amber (NÚM. 03/2024/44JAL, Folio CIB00003, del 07/02/2024) para la localización y rescate de la infante. Y, tras años de búsqueda, se confirmó que la niña se encontraba en República Dominicana bajo una identidad suplantada.
Refiere la información, que el 24 de julio de 2025, luego de diversas investigaciones y diligencias procesales, durante un allanamiento en Santo Domingo, las autoridades rescataron a la niña y a otros dos niños de uno y once años de edad en condiciones de abandono y descuido, sin alimentación ni supervisión adecuada, comprobándose la participación de Villarreal Cambero en el entramado, quien actuó como parte responsable del cuidado y ocultamiento de la infante bajo una identidad falsa.
Especifica de igual modo el documento, que el registro oficial colombiano confirmó la identidad de la madre biológica y legal de la niña, de la que tiene además su guarda y custodia. Por el caso, el Ministerio Público acusa a los imputados la violación de los artículos 4, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 110, 396, 397, 398 de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente, el artículo 3 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los artículos 2,3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y los artículos 345, 351-2 y 354 del Código Penal de la República Dominicana.