Redacción Delegalymas
Sin las controversiales causales sobre el aborto y con algunas falencias que se discuten en diferentes escenarios, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano.
La nueva normativa deja atrás la anterior, la cual rigió desde 1884 a la fecha la justicia dominicana, por lo que se considera constituye un avance para el sistema, tras décadas de intentos truncos para que se actualizara.
El nuevo Código Penal, ha sido definidor como una pieza clave para la protección de los derechos de las personas, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución efectiva de los delitos, destacándose entre sus avances más relevantes: la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, y la difusión de deepfakes con fines de chantaje.
Igualmente, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y la elevación de la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
Se destaca igualmente el aumento de las penas de prisión hasta 40 años, e incluso hasta 60 años en caso de concurso de infracciones graves, la creación de medidas sociojudiciales, que incluyen vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.
También, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual permite sancionar a personas jurídicas que, por negligencia o actos de sus representantes, incurran en delitos, órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género, intrafamiliar o de cualquier agresión que amenace su integridad.
Endurece asimismo, la lucha contra la corrupción administrativa, ya que amplía los plazos de prescripción, fortalece las sanciones e inhabilita a los responsables de incurrir en ese delito para ocupar cargos públicos.
Con la nueva ley, se extienden los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.
El promulgado Código Penal, además de sancionar, incorpora un enfoque preventivo y resocializador, reconociendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y toda la sociedad en general. La normativa entrará en vigencia en 12 meses.