Redacción Delegalymas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago decidió declarar el caso de tramitación compleja e imponer prisión preventiva a solo a cuatro de los 11 policías acusados de abatir a cinco hombres la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en esa provincia norteña.
Los que estarán privados de libertad son: el raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación, quienes deberán cumplir esta medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Mientras que a los siete restantes, les impusieron una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica. Estos fueron: los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal, tras ponderar la investigación preliminar del Ministerio Público y establecer la gravedad de los hechos, acogió también la solicitud del órgano acusador de autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Luego de la audiencia en la que se dictaron las medidas de coerción, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó sobre el compromiso del Ministerio Público con la investigación. “Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.
El caso. Recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Se detalla en el expediente acusatorio, que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013. Señala asimismo, que los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.
Indica además, que los agentes del “orden”, sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, entorpecer y obstruir la investigación.
Agrega de igual forma la instancia, que incluso llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron también.