Redacción Delegalymas
Al reconocer la fortaleza de las pruebas de la investigación aportadas por el Ministerio Público, la noche de este domingo el juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros seis de los acusados en el caso del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa) revelado con la “Operación Cobra”.
Tras la decisión del magistrado, con las medidas de coerción a diez de los arrestados, el Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, prometió seguir trabajando sin descanso para que estos respondan por sus hechos ante los tribunales, por sus acciones delictivas en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa).
Indicó además el procurador adjunto al responder a los periodistas que cubren la fuente de Justicia, que el órgano persecutor buscará presentar en el menor tiempo posible, la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que procederá a conducir a la justicia a otras personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude.
Las medidas coercitivas les fueron impuestas además de Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Mientras que a los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez les impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
En la audiencia de medida de coerción estuvieron además de Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
Sobre la decisión del juez Wilson Camacho dijo: “Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, dijo Camacho.
“El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público”, resaltó.
“Lo tercero fue que (el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo
Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, indicó. “En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, sostuvo Camacho.