El juez Leomar Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, acusada de maltratar a una niña de dos años de edad en el centro de cuidados infantil en el que laboraba como profesora.
La medida cautelar deberá ser cumplirla por la imputada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, por decisión del tribunal, el cual, tras analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, comprobó la responsabilidad penal de la acusada, quien fungía como profesora del centro, localizado en la calle Costa Rica, del sector Alma Rosa I, en el municipio Santo Domingo Este.
Según detalló el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción, aunque los responsables de víctima hayan desistido, continuará con el proceso judicial de oficio, debido a la gravedad del caso, el cual se trata de una niña vulnerable por su edad y por existir pruebas suficientes que vinculan a la imputada con el grave hecho.
Según indica el expediente de solicitud de medida de coerción, los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo, cuando la imputada agredió físicamente a la víctima mientras la alimentaba. Señala además, que las investigaciones del caso iniciaron tras la difusión de un vídeo a través de las redes sociales, donde se observa a la docente cometer la agresión. Y, al ser perseguida por el hecho se entregó la noche del domingo ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, donde se ejecutó su arresto.
La solicitud de medida de coerción fue sustentada por la fiscal Ayeisa Cedeño, quien incluyó diferentes pruebas testimoniales, periciales, procesales, documentales y audiovisuales, incluyendo el vídeo difundido por las redes sociales, mientras que el fiscal litigante en representación del órgano acusador en la audiencia fue Tito Óseas González.
El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 309 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 у 396, literales a, b), de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.