La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica consistente en la suma de RD$400.000 mediante contrato, así como presentación periódica e impedimento de salida del país al nacional chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, acusado de supuesta violencia de género.
Las medidas de coerción contra el imputado, fueron solicitadas por el fiscal Guillermo Soriano, adscrito a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en representación del Ministerio Público, luego de que Po Xie fuera arrestado, según la instancia, en flagrante delito ejerciendo violencia de género contra su pareja, en el sector Gazcue, Distrito Nacional.
Detalla la información, que de acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la residencia que compartían el imputado y la víctima.
Revela además el expediente acusatorio, que la víctima se encontraba en la vivienda cuando el imputado ingresó utilizando su llave de acceso y tomó una funda plástica para recoger sus pertenencias, tomando posteriormente el teléfono celular de la víctima, el cual lanzó al piso.
Indica asimismo, que el imputado se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y manifestó a la víctima que se autolesionaría para alegar que ella lo había agredido. Y, ante dicha situación, un hijo de la víctima procedió a alertar a su abuela sobre lo ocurrido, quien posteriormente contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Señala de igual modo, que más adelante, el imputado y la víctima descendieron al área de parqueo de la torre residencial, donde fueron encontrados por una patrulla de la Policía Nacional en medio de una discusión, procediendo los agentes al arresto en flagrante delito del imputado y a su traslado ante las autoridades correspondientes.
Precisa que según el informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima ha sido objeto de violencia física, psicológica y verbal, y que existe riesgo de continuidad de la violencia.
Al caso el Ministerio Público le otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales C y D, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 89 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.