Redacción Delegalymas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva como la medida de coerción a la suspendida coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esta ciudad, Margarita Hernández Morales, a quien se le acusa de supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Margarita Hernández Morales fue apresada en el transcurso de la investigación por las presuntas irregularidades que habría cometido durante el proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien luego de obtener su libertad tras la firma de un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel González y luego se suicidó, en un hecho ocurrido en la provincia de San Pedro Macorís el pasado mes de agosto.
La medida cautelar impuesta a la suspendida fiscal, se dispuso que sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El Ministerio Público logró que se impusiera la medida de coerción contra la suspendida fiscalizadora Hernández Morales, luego de presentar unas 30 evidencias documentales y testimoniales de siete personas, mediante las cuales se ha establecido su vinculación a los delitos de asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís, que dirige la fiscal Idalia Jiménez, estuvo representada por la fiscal Olga Lidia Coss, quien logró que fuera acogida la petición del Ministerio Público luego de presentar evidencias que relacionan a la imputada con acciones que constituyen una violación a los artículos 265, 266, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 del Código Penal Dominicano.
Según la información ofrecida a través de un comunicado de prensa del Ministerio Público, explica que varias semanas antes de ocurrir el crimen de Juana Domínguez Salas, el pasado 4 de noviembre en la misma ciudad de San Pedro de Macorís donde ocurrió el de Anibel González, el órgano de justicia había iniciado la investigación del proceso judicial seguido contra su victimario, Johan Manuel Ramírez, quien en circunstancias similares le provocó la muerte a su pareja luego de ser beneficiado con un acuerdo, que igualmente fue homologado por un juez.
En el caso de Anibel González, quien falleció de varios disparos de arma de fuego el pasado mes de agosto, propinados por su expareja Yasmil Oscal Fernández, la encartada Hernández Morales se habría asociado al abogado Alexis Chanel Aponte Montás para cometer el ilícito de falsificar el acuerdo y presentarlo como válido ante el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís en juicio oral, público y contradictorio, lo cual además de constituir una violación a leyes penales, también constituye una violación a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.
Mientras que en el caso de Juana Domínguez Salas, quien murió a consecuencia de asfixia por sofocación que le habría ocasionado su pareja Johan Manuel Ramírez, el MP indicó que en el transcurso de las investigaciones se pudo establecer que dicho imputado, quien cumple prisión preventiva por el crimen, le habría entregado a Margarita Hernández Morales la suma de RD$150 mil para que esta procediera a beneficiarlo con un acuerdo penal abreviado, bajo las mismas condiciones que el de Oscar Yasmil Fernández.
El MP dijo que el acuerdo mediante el cual el imputado Ramírez obtuvo su libertad habría sido firmado por Hernández Morales y el abogado del hoy feminicida Ramón Leonardo Sánchez Reyes, de la misma oficina de abogados de Aponte Montás, al tiempo de señalar que profundizan las investigaciones.