Para el próximo jueves 10 de septiembre fue aplazada la audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal, por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva para Ángel Capellán e Isaías Muñoz, de la fundación, a los que acusa de cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en el local que opera el centro.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), dijo que el Ministerio Público solicitará en la audiencia la imposición de tres meses de prisión preventiva en atención a lo establecido por la ley en esos casos.
“En el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación, al igual que la defensa que solicitó más tiempo para presentar presupuestos”, dijo Garabitos Guerrero.
Detalló que la calificación jurídica otorgada al proceso incluye la trata de personas con fines de explotación laboral. “Estamos en la etapa de investigación en este momento”, dijo a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal.
Agregó que las víctimas serán representadas en el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Los imputados Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal por los delitos cometidos contra los menores de edad en la mencionada fundación.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
Detalla la instancia, que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, rescatando en el operativo a 13 niños y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años, los cuales presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
Señala además, que el centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca, y que el operativo se ejecutó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar, el cual se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños y los adolescentes alojados allí. Iniciándose a raíz de la alerta, las investigaciones y las órdenes judiciales de arrestos contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.