Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, quienes el Ministerio Público demostró ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que incurrieron en captación irregular de dinero en el mercado de valores, cometiendo una estafa de más de 124 millones de pesos en perjuicio de cientos de personas, fueron condenados a cinco y tres años de prisión.
Cáceres Araujo fue condenado a cinco años de cárcel, mientras que Cabral Romero fue condenada a tres años de pena suspendida, bajo reglas. Ambos procesados por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución, deberán pagar además una multa equivalente a 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Según detalla el expediente condenatorio, Cáceres Araujo y Cabral Romero integraron un esquema dedicado a la captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión en el mercado de valores. Y, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los condenados operaban a través de la sociedad Pipschasers Capital, S.R.L., por medio de la cual sustrajeron aproximadamente ciento veinticuatro millones quinientos setenta y cinco mil setecientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$124,575,700.00), provenientes de más de 200 víctimas identificadas durante la investigación.
Durante el proceso, el órgano acusador, representado por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el procurador fiscal Rafael Reyes Cabreja, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora, aportaron al tribunal prueban suficientes que demostraron su culpabilidad.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal, así como Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, fijaron la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 30 de junio del año en curso, a las 9:00 de la mañana.
Los procesados fueron condenados por violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores y estafa, así como al artículo 351, numeral 4, de la Ley número 249-17, sobre Mercado de Valores.
El Ministerio Público también acusó a los encartados de incurrir en lavado de activos, sustentando la acusación con suficientes pruebas durante el juicio, incluyendo testimonios, pruebas periciales y otros elementos incorporados al expediente, con los cuales quedó demostrada la responsabilidad penal de los encartados.
Tras presentar sus conclusiones, el órgano acusador solicitó 15 años de prisión para Cáceres Araujo y 10 años para Cabral Romero, así como el pago de una multa de 400 salarios a favor del Estado dominicano y su inhabilitación en mercados financieros y áreas afines. Sin embargo, el tribunal redujo la petición del Ministerio Público a cinco y tres años.