Redacción Delegalymas
La madrugada de este viernes los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidieron que los exministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero, vinculados en la Operación Calamar, continúen en prisión preventiva.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, decisión que el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó, afirmando que la misma envía un mensaje de que la prisión preventiva “no es sólo para las personas pobres”.
“La corte de apelación del Distrito Nacional, en este caso, la Segunda Sala, ha decidido mantener la medida de coerción consistente en prisión preventiva con relación a los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta, considerando la corte, que esta es la medida idónea y proporcional, dada las circunstancias del caso, y en consecuencia confirmando la decisión de primer grado”, dijo Camacho a los periodistas al salir de la corte, que funciona en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.
“Ahora cuatro jueces se han referido a esta medida de coerción y han entendido necesaria la imposición de la medida de coerción. Con esto, esta sala de la corte manda el mensaje de que la prisión preventiva no debe ser reservada solo para las personas pobres, sino, que personas de esta naturaleza, envueltas en casos de la gravedad que implica la Operación Calamar, deben tener como medida de coerción la prisión preventiva para asegurar la realización del proceso y que no se vaya a seguir afectando la investigación como en el caso, que demostramos, que esta investigación fue infiltrada por parte de los imputados”, sostuvo el titular de la Pepca.
En la audiencia de este jueves que se extendió desde las 3:00 de la tarde hasta la madrugada de este viernes, el Ministerio Público estuvo representado por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, así como por los fiscales Rosa Alba García, Elvira Rodríguez, Miguel Collado y Melbin Romero.
Los jueces del tribunal de alzada, Isis Muñiz, presidenta, junto a Rosalba Garib y Luis Jiménez, rechazaron los recursos de apelación interpuestos por las respectivas defensas de los imputados para que se le variara la prisión preventiva que le fue impuesta por su vinculación la red de corrupción administrativa.
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, son considerados por el Ministerio Público como los principales imputados de la Operación Calamar. Cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, medida de coerción que les fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril.
El recurso de apelación de los imputados había sido aplazado por el tribunal el pasado 17 de mayo para este jueves 1 de junio, debido a que en la corte de apelación se notificaron los recursos con poco tiempo.
El expediente de la Operación Calamar. Cuenta con más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
Se les imputa igualmente de violación a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.