Tras su captura por fuerzas especiales de Estados Unidos en su residencia en Venezuela el pasado 3 de enero, los abogados de la defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volvieron a insistir este jueves ante la corte federal de Nueva York en que sean desestimados los cargos de narcoterrorismo en sus contra, al tiempo que cuestionaron los argumentos del Gobierno de Estados Unidos en el proceso.
Los juristas externaron la nueva moción, a menos de una semana en que tendrán lugar la audiencia fijada para el 26 de marzo. El documento fue firmado por Barry Pollack, representante legal de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores. La petición de los letrados responde a la oposición de los fiscales federales, quienes calificaron de “extraordinaria” la solicitud de permitir que el Gobierno venezolano pague su defensa legal.
Los argumentos de los abogados plantean que el propio Gobierno de EE.UU. ha hecho concesiones clave las cuales, según ellos, deberían inclinar el caso a su favor.
De su lado, los juristas Pollack y Donnelly sostienen que los fiscales no han negado dos puntos centrales: que Maduro y Flores no tienen recursos personales para pagar su defensa y que, bajo la ley venezolana, el Estado debe cubrir esos costos. Afirman también, que el Gobierno ha reconocido que en otros casos se ha permitido que terceros sancionados paguen honorarios legales.
Argumentaron en ese sentido, que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de bloquear los pagos desde Venezuela interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir a sus abogados, protegido por la Constitución, al tiempo que añaden que obligarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no soluciona el problema, sino que lo agrava. “La única solución es la desestimación del caso”, afirman Pollack y Donelly.
Fiscales federales. Sin embargo, los fiscales federales pidieron al juez rechazar la solicitud, argumentando que las regulaciones de OFAC prohíben que un gobierno sancionado pague los honorarios legales de personas también sancionadas y que los acusados están en sus derechos a acceder a fondos propios, por lo que no se les niega una justa defensa.
Señalan igualmente, que permitir que el Gobierno venezolano financie esa defensa podría implicar riesgos para la seguridad nacional y la política de sanciones de Estados Unidos al involucrar recursos controlados por un Gobierno sancionado, e insisten en que bloquear esos pagos no constituye una violación constitucional, y que las licencias iniciales fueron otorgadas por un “error administrativo”.
Defensa rechaza argumentos; dice son contradictorios. No obstante, la defensa rechaza dichos argumentos y pide al juez, como mínimo, una audiencia para obligar al Gobierno a explicar lo que consideran contradicciones en su postura.
Pollack y Donnelly cuestionan por qué OFAC autorizó inicialmente los pagos y luego revocó la licencia, señalando que la explicación ha cambiado. “Mientras que en su momento se vinculó la decisión a consideraciones de política exterior tras consultas con el Departamento de Estado, ahora los fiscales la describen como un ‘error administrativo’”.
Descartan también el argumento de seguridad nacional, y aseguran que el Gobierno no ha explicado de forma concreta por qué permitir estos pagos representaría un riesgo, especialmente cuando se han autorizado otras transacciones con fondos venezolanos, incluso en contextos legales y comerciales.
Los juristas Pollack y Donnelly advirtieron que podrían verse obligados a retirarse del caso si no se les permite recibir pagos por su trabajo, ya que, según han señalado, no existe otra forma de financiar la defensa.
Lo que se espera ahora es que el juez federal Alvin K. Hellerstein decida si los argumentos de la defensa del derrocado presidente venezolano y su esposa respaldan la moción de desestimar el caso o si por el contrario debe continuar.
Se recuerda que Maduro y Flores se declararon inocentes tras ser trasladados a Nueva York en enero. Los cargos se enfrentan son narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, delitos por los que podrían ser condenados a décadas de prisión.
Fuente: CNN