La nombrada Mercedes Ogando Montero, deberá cumplir tres meses de prisión como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres en San Cristóbal, tras ser acusada de intentar introducir drogas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
Por decisión de la jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, la imputada deberá estar privada de libertad mientras continúan las investigaciones.
El tribunal, tras analizar distintas pruebas aportadas por el Ministerio Público, envió a prisión a la acusada por los cargos establecidos por el órgano en el expediente de la violación a los artículos 5 y 6, letras A; 28, 75 y 85, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlad
Indica además el expediente instrumentado por el fiscal litigante Darío Almonte, que el arresto se ejecutó en flagrante delito el pasado sábado 6 de junio del año en curso, alrededor de las 10:00 de la mañana, en el área del comedor del CCR-Las Parras.
Revela asimismo, que mientras estaba en la indicada área, la imputada presentó una actitud sospechosa al notar la presencia de los miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Y, posteriormente, tras ingresar al centro penitenciario, acompañada de una hija menor de edad, fue sorprendida cuando intentaba pasarle una funda al privado de libertad Wilson Darío Vólquez.
Detalla igualmente, que al ser requisada se le ocupó en su mano derecha una funda de papitas fritas de color amarillo, conteniendo en su interior una porción de un polvo blanco, envuelto en funda plástica, la cual contenía una porción de un vegetal verde.
Señala además, que dichas sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicó el análisis correspondiente y se determinó que correspondían a cocaína clorhidratada, con un peso de 131.46 gramos, y a Cannabis sativa (marihuana), con un peso de 20.74 gramos, según consta en el Certificado de Análisis Químico Forense del Inacif.
El fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez, estableció con diferentes pruebas la vinculación de la procesada al hecho imputado.