Los jueces del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidieron nueva vez ratificar la medida de coerción consistente en prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y demás vinculados a la red acusada por el Ministerio Público de corrupción administrativa y desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, dijo Wilson Camacho, tras la decisión del tribunal.
Explicó el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que la prisión preventiva a los procesados fue ratificada porque los presupuestos que dieron lugar a la imposición de esa medida de coerción no han cambiado.
“Ha dicho el tribunal, además, que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados. Y es así”, dijo Camacho a los periodistas a la salida del tribunal.
Los imputados. Se recuerda que el cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.
Posteriormente, en abril, le fue confirmada nueva vez la medida de coerción que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y también le fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial, iniciado con la denominada “Operación Cobra”, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, por el caso es también procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en dicho centro penitenciario. Y, a finales del pasado mes de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige la procuradora de Corte, Mirna Ortiz, arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
Indica el expediente, que Guzmán Vásquez, quien trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno, está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la acusada red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para beneficiarse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.