Cuatro meses de prórroga fueron concedidos este viernes por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público, para que concluya la investigación y presente acusación formal contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás involucrados en el caso de corrupción a través del cual fue desfalcado el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con miles de millones de pesos.
Respecto a la prórroga, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo: “Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas, y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”.
“Así que, esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma. Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, añadió Ortiz, al responder preguntas de los periodistas sobre el avance de las investigaciones.
El tribunal también rechazó el pedimento de algunas barras de la defensa y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción a los imputados en el proceso, fijando por considerarla justificable, una prórroga hasta el 11 de diciembre al Ministerio Público para concluir con la investigación. Y, para el próximo 25 de septiembre, la lectura íntegra de su decisión.
La solicitud de prórroga. Fue depositada el pasado 10 de agosto por la fiscal Rosa Alba García, quien estableció ante el juez que este caso tiene varias líneas de investigación, siendo una de las líneas, la que tiene que ver con la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada que obstaculizó la continuidad de la investigación, “por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar una orden de allanamiento y buscar aproximadamente 15 mil cajas de documentos”.
Considera el órgano acusador, que la prórroga le permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa, y que el plazo solicitado fue por los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos.