La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado 2 de mayo la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra profesor de matemáticas Inocencio Lebrón Montero, acusado de agresión sexual a una estudiante adolescente del centro educativo en el que impartía a asignatura, para quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación del órgano acusador, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima. Y, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta le había manifestado de manera expresa su negativa.
Establece el Ministerio Público en su instancia de solicitud de medida de coerción, que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
Señala además la investigación, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad. Como parte de las evidencias aportadas, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado, audiencia que fue aplazada por la jueza Lissa Veras para el sábado 2 de mayo, a solicitud de la defensa, la cual requirió más tiempo para prepararse.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.