La audiencia para el conocimiento de medida de coerción al inspector de Migración Carlos Javiel Sánchez Terrero, a quien el Ministerio Público le imputa el delito de soborno, por supuestamente exigir a una mujer la entrega de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino Unido de España en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fue aplazada este lunes para el próximo jueves 2 de julio, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.
El imputado, indica una información del Ministerio Público, fue sometido a la justicia luego de que se ejecutara su arresto tras ser sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
Señala el órgano acusador, que está a cargo de la investigación la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo de varios equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM).
Añade asimismo, que la entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
Indica igualmente, que la operación se amparó en el Auto número 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Agrega que Carlos Javiel Sánchez Terrero fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público le atribuye al imputado la violación del artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, (Proscripción de la corrupción), así como los artículos 175 y 177 del Código Penal dominicano (Soborno), el artículo 2 de la Ley número 448-06 (Soborno en el Comercio y la Inversión), así como también, los artículos 2.11, 3 y 9.4, de la Ley número 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.