El pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, acusado de abusar psicológica y sexualmente de una adolescente, quien en un primer juicio fue condenado a dos años de prisión suspendida, en el nuevo juicio que se llevaba a cabo este año, el tribunal colegiado ad hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata los declaró culpable, pero a la vez le eximió la pena, otorgándole un perdón judicial, sentencia que el Ministerio Público anuncia apelará.
En tanto que a la madre de la adolescente, los jueces José Ramón Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz la sentenciaron a diez años de prisión, por el delito de explotación sexual comercial y lavado de activos, pena que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Los fiscales litigantes del caso, Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata, respectivamente, valoraron que el tribunal haya valorado las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Lo veníamos advirtiendo desde el inicio: las pruebas presentadas por el Ministerio Público son claras, contundentes y plenamente vinculantes. Las defensas, lejos de desvirtuarlas, se limitaron a montar un teatro argumentativo con el único propósito de intentar confundir al tribunal”, dijo Cordero Jiménez.
“Lo dijimos desde el principio: la prueba habla por sí sola. La defensa no desmontó ni una sola evidencia; únicamente construyó un espectáculo para tratar de sembrar confusión ante el tribunal”, enfatizó.
En ese mismo orden, el fiscal Martínez Montán dijo: “el Ministerio Público probó su acusación y la probó más allá de toda duda razonable, en el sentido de que el Ministerio Público está conteste con el tribunal en base a que valoró los medios de prueba y entendió que el Ministerio Público tenía razón”.
“El Ministerio Público siempre mantuvo que tenía pruebas para establecer los hechos y la participación de ambos imputados y así pasó”, sostuvo.
La madre de la adolescente. Cumplirá diez años de condena y pagará de una multa de 25 salarios mínimos por incurrir en explotación sexual comercial y lavado de activos. Además, se ordenó el decomiso de los bienes ocupados en el proceso, excepto el certificado financiero, que el tribunal ordenó que le fuera entregado a la menor de edad.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, el tribunal ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la acusada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, y un carro del año 2023, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.