Redacción Delegalymas
Este lunes en el inicio de la audiencia preliminar del caso que involucra a Jochi Gómez, Hugo Beras y demás, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público, declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada al imputado Gómez, debido a la incomparecencia de su representante legal.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la referida empresa participó en operaciones de lavado de activos y contrabando, formando parte de un entramado ilícito que se encuentra bajo investigación.
El inicio de la audiencia estaba pautado para este lunes, luego de que fuera apoderado el Sexto Juzgado de la Instrucción para conocer el proceso, pero la jueza Yanibet Rivas dispuso un receso y fijó para el 15 de diciembre el inicio, al acoger de manera parcial la solicitud de la defensa, la cual requirió una reposición de plazo para estudiar la acusación.
La solicitud inicial por parte de las defensas era de entre 45 y 60 días, a lo cual se opuso el Ministerio Público, representado por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, quien expuso que 25 días era un plazo más que razonable para estudiar todas las pruebas ofertadas en la acusación de 338 páginas presentada por el órgano acusador.
El caso. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la denominada por el órgano acusador “Operación Camaleón”.
Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Felipe Casso.
Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Féliz y Enmanuel Ramírez.
De acuerdo con el Ministerio Público, se obtuvieron pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Añade asimismo, que se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Afirma de igual modo, que el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
Se recuerda, que en octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Carlos José Peguero Vargas.