Redacción Delegalymas
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles 25 del presente mes, la audiencia preliminar a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y demás acusados de sustraer dinero de manera ilícita al Estado.
Al salir de la audiencia efectuada este miércoles en el Palacio de Justica de Ciudad Nueva, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que durante la continuación de la audiencia han demostrado con suficientes pruebas “las maniobras fraudulentas que utilizaron los exministros y compartes para sustraer dinero de forma fácil y rápida del Estado”.
“En la tarde de hoy hemos demostrado con pruebas del Ministerio Público, cómo desde el Ministerio de Hacienda el grupo de funcionarios dirigidos por Donald (Guerrero) pagó a personas que habían fallecido, pagaron a personas que no tenían calidad”, dijo a los periodistas que la abordaron a la salida del tribunal.
Agregó que los procesados pagaron fondos del Estado, en interés de sustraerlos, a una estructura que en parte estaba dirigida por el abogado Ángel Lockward, con un sobreprecio de más del 65% de lo que supuestamente se les adeudaba a supuestos acreedores.
“De ahí la pregunta que lanzó el Ministerio Público, ¿quién que se crea merecedor de un derecho dona a quienes no han hecho nada más del 65% de lo que se cree suyo?, es evidente que lo único que esta estructura procuraba era obtener dinero fácil”, dijo.
Con relación a declaraciones de la defensa del procesado Gonzalo Castillo, advirtió que “como sucedió en la tarde de hoy, desmontaremos todas y cada una de las falsedades que han querido montar las defensas en sus argumentos”.
Acusación. Según el Ministerio Público, los procesados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El órgano presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, a los que les imputa incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En el expediente se acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, así como también al abogado Ángel Lockward, Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
También, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.