Este miércoles los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a solicitud del Ministerio Público, decidió ratificar la medida de coerción consistente en prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir soborno de una persona bajo investigación, por un monto de diez mil dólares (US$10,000) en una entrega controlada por las autoridades.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, valoró la confirmación de la medida por parte de los jueces del tribunal, rechazando así el recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la decisión que ordenó su privación de libertad el pasado 6 de mayo.
Recordó Camacho, que el procesado pidió soborno con la intención de manipular procesos de investigación a su cargo. “Tanto el tribunal que impuso la medida de coerción, como la Suprema Corte de Justicia, ahora han dicho que procedía la prisión preventiva, que es la medida de coerción proporcional a estos hechos, que son graves; qué es la medida de coerción idónea, y, en consecuencia, ha mantenido esta medida de coerción y ha rechazado el recurso que presentó el imputado”, precisó.
Al ser cuestionado sobre alegatos del encartado, el director de Persecución del Ministerio Público dijo que no hay forma de que el procesado niegue los graves hechos que se le imputan. “Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada, o sea, el dinero salió del Ministerio Público, se colocó en una persona a la que se le estaba recibiendo el dinero, se fotografió antes de entregársele a esa persona; se le entregó al tribunal esas fotografías antes de que se ejecutara la entrega controlada y luego a esta persona se le encontró el dinero que, previamente, había sido un dinero marcado”, explicó Camacho.
“En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos de esta naturaleza”, dijo.
“Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencias, que es lo que hemos hecho hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, precisó Camacho a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en la que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia. La segunda sala del tribunal presidido por el juez Francisco Jerez Mena, confirmó la prisión preventiva al establecer que no han variado los presupuestos originales que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
Durante la audiencia, el procurador Wilson Camacho estableció que “estamos ante un hecho que es grave”. “Este hecho no es grave por la recepción del soborno, este hecho es grave por quién recibe el soborno. Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común, porque nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos un plus en esa exigencia, porque nosotros perseguimos a los demás, justamente por corrupción”, manifestó.
Se recuerda que al procesado Valdez Alcántara le fue impuesta la prisión preventiva el pasado mes de mayo por un período de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que el Ministerio Público le imputara la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida le fue impuesta por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
Según se establece en el expediente acusatorio, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un automóvil de la marca Mercedes Benz 350 o 450.