El Ministerio Público presentó formalmente la acusación y solicitud de apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien se le imputa haber solicitado un soborno a una persona bajo investigación y de recibir US$10,000 en una entrega controlada.
El órgano persecutor, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Solicitó también, la fijación de la audiencia preliminar, con la finalidad de conocer el acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado Valdez Alcántara por su presunta participación en el hecho punible.
Pide además el Ministerio Público, que se admita de manera total la acusación presentada contra el procesado y en consecuencia todos sus elementos de prueba, “por ser útiles, relevantes y pertinentes y por haber sido presentada conforme a los requerimientos de ley”.
Solicita también, que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la resolución penal número 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara. Al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Y, según indica el expediente, entre los procesos de investigación en los que el acusado participó se encuentra la investigación iniciada a mediados del año 2024 contra el entramado de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Añade asimismo, que en el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año, y que después de concluido el interrogatorio el ahora acusado solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.
Agrega de igual forma, que luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo, y para esos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.
Señala el expediente, que posteriormente acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto, procediendo después a su sometimiento a la justicia, la cual el pasado mes de mayo le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, medida cautelar que le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijando la revisión obligatoria de la misma para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público ha establecido que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.