La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, informa en un comunicado que diez defensas del mismo caso sobre supuestas irregularidades en la Procuraduría General de la República durante la gestión 2016-2020 solicitaron al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional este lunes 24 de agosto, declarar extinguida la acción penal contra sus defendidos, demostrando que el caso se encuentra ya en esa fase, y que continuarlo, debido al exagerado volumen, podría tomar hasta otros seis años para agotar el proceso de juicio de fondo, apelación y casación, sin que hasta la fecha el Ministerio Público haya logrado probar la comisión de ningún delito.
Argumentaron las defensas, indica la información, que el artículo 148 de la aplicable Ley 76-02 establece un plazo máximo de cuatro años y que frente al alegato del Ministerio Público de que existen “dos plazos” para declarar la extinción de un proceso, “uno razonable y otro legal”, presentaron las sentencias del Tribunal Constitucional TC/1106/24, TC/0882/25, TC/0879/25, TC/1272/25, TC/1296/25 y TC/ 0157/26, entre otras, mediante las cuales el máximo intérprete de la Constitución establece que el denominado “plazo razonable” previsto constitucionalmente es precisamente el mismo “plazo legal” de cuatro años fijado por el Código Procesal Penal “de manera clara, precisa y concreta”.
Recordaron asimismo, que el propio Tribunal ya había establecido que los imputados no generaron dilaciones y que, conforme a la sentencia TC/1296/25 del Tribunal Constitucional, el plazo de cuatro años fue establecido para que dentro del mismo se desarrollen todas las instancias, recursos, situaciones incidentales, circunstancias justificadas y supuestos de fuerza mayor propios del desarrollo normal de un proceso, sin que pueda ampliarse por negligencias del Ministerio Público, por lo que el proceso se encuentra extinto.
Señala que para demostrar el tiempo transcurrido, las defensas presentaron decenas de pruebas que evidencian que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y que, desde entonces, el Ministerio Público “realizó actuaciones arbitrarias e ilegales, incluyendo impedimentos de salida mediante alertas migratorias que activaron el hoy ampliamente vencido plazo legal de cuatro años”.
Añade además el comunicado, que las defensas también contabilizaron que “el Ministerio Público investigó durante casi dos años; depositó un disco duro defectuoso con las supuestas 3,000 pruebas del caso obligando al tribunal a ordenar en tres ocasiones su corrección y generando un retraso adicional superior a un año; destinó alrededor de seis meses a la lectura obligatoria de una acusación de más de 12,000 páginas, y dejó de entregar documentos ordenados por jueces, provocando otros seis meses de retraso. Por eso, según las defensas, “se evidencia aproximadamente cuatro años de retrasos directamente atribuibles al Ministerio Público”.
Informa en ese sentido, que las demás defensas continuarán exponiendo sus solicitudes de extinción el próximo lunes 31 de agosto.