La Ley 88-26, que prorroga por 18 meses una serie de disposiciones del nuevo Código Penal dominicano relativas a responsabilidades penal de las personas jurídicas o empresas, aprobada en el Congreso Nacional y promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo, fue respaldas por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).
Al respecto, el presidente de la entidad empresarial, Ángelo Viro, expresó satisfacción de que Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo hayan acogido la solicitud hecha públicamente por el sector empresarial e industrial para que se pospusiera la entrada en vigencia de las nuevas obligaciones, prorrogando su aplicación para el 5 de mayo de 2028, en lugar del 5 de noviembre del presente año 2026, como estaba previsto.
“El sector empresarial e industrial no estaba preparado para asumir en un plazo tan corto las nuevas obligaciones establecidas en la legislación”, resaltó Viro en un comunicado, al tiempo que explicó que el período adicional permitirá a las empresas prepararse para cumplir con las nuevas responsabilidades legales, y les facilitará una implementación ordenada de las mismas.
Exhortó a las compañías a establecer desde ahora los procedimientos internos de prevención, supervisión y control necesarios para cumplir con la legislación, revisando los procedimientos internos, comprobando el funcionamiento de los controles, y definiendo claramente las responsabilidades dentro de las organizaciones, con el propósito de desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento.
La prórroga de la aplicación de la normativa comprende los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal dominicano, los cuales establecen las condiciones bajo las que las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas penalmente por determinados delitos vinculados a sus actividades.
Entre las sanciones de las que podrían ser objeto las empresas o personas jurídicas figuran: multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución total de empresas.