Acusado de terrorismo por el Ministerio Público, luego de presuntas amenazas al presidente de la República, Luis Abinader, el juez Wilton Oniel Peguero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, impuso este viernes medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$1.0 millón en efectivo, presentación periódica cada 15 días ante el Ministerio Público e impedimento de salida a Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años de edad.
La decisión judicial establece además, que el imputado esté bajo cuidado y vigilancia de su padre durante el cumplimiento de las medidas impuestas por un período de seis meses. Y, según el fiscal litigante Engels Luis Polanco en su exposición durante la audiencia, De La Cruz Sosa fue arrestado con orden judicial a través de un allanamiento a un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda situada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde reside el investigado.
Añade asimismo el expediente acusatorio, que el Ministerio Público también allanó un local comercial en San Francisco de Macorís como parte de la investigación en marcha, cuyos hallazgos llevaron al arresto de De La Cruz Sosa, luego de que las autoridades obtuvieron información de que este amenazaba la figura del Presidente de la República.
La orden judicial de arresto. Fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar a la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, luego de que presuntamente organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las intenciones de Delvinson De La Cruz Sosa.
Según el expediente, en sus diligencias investigativas el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que condujo además un allanamiento en la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, del citado sector, donde labora De La Cruz Sosa.
Indica que en la solicitud de allanamientos los fiscales se enfocan en identificar equipos electrónicos (celulares, tabletas, computadoras), armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos investigados.
Añade además, que en el allanamiento se ocuparon objetos electrónicos y sustancias químicas que son evaluadas como pruebas que el imputado utilizaba para materializar sus amenazas. La jueza, al autorizar los allanamientos, argumentó que los mismos responden a la alerta sobre presunto atentado al Presidente.
“En vista de la investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 6 de noviembre 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)”, indica la autorización.