Redacción Delegalymas
El exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, Obispo Feliz Lorenzo y Roberto José Cáceres supuestos, implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta, alias César el Abusador, fueron dejados en libertad condicional por el juez José Alejandro Vargas, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En tanto que dictó tres meses de prisión como medida de coerción contra José Bernabé Quiterio, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El magistrado Vargas dijo no haber encontrado indicios que revelen que Octavio Dotel lavaba activos junto a Peralta, por lo que procedió a dejarlo en libertad e imponerle como medidas cautelar una garantía económica consistente en el pago de un millón de pesos, presentarse periódicamente en la fiscalía, así como impedimento de salida del país por violar la Ley de Armas.
Mientras, que a Obispo Lorenzo y Roberto Cáceres, se les impuso como medidas de coerción el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, e igual impedimento para salir del país y presentarse periódicamente ante el juzgado del Distrito.
Ministerio Público apelará medidas de coerción. El Ministerio Público informó este jueves que apelará las medidas de coerción que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente a cuatro implicados en la red criminal que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”.
Dijo que el tribunal, luego de acoger parcialmente la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público, declaró el caso complejo y le impuso prisión preventiva de tres meses en la Penitenciaría Nacional de La Victoria a José Bernabé Quiterio, en tanto que al expelotero de Grandes Ligas Octavio Eduardo Dotel Díaz, una garantía económica de RD$1 millón, presentación periódica e impedimento de salida del país, y a Obispo Féliz Lorenzo y a Roberto José Cáceres una garantía económica de RD$500 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Señaló que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.
Explicó, que esos delitos están tipificados y son sancionados por los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mediante un comunicado de prensa, la institución del sistema de justicia expresó que no está de acuerdo con la decisión del tribunal y que una vez le sea notificada procederá a su apelación porque no se ajusta a la ley y porque hubo una valoración errónea de las diferentes evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de los encartados.
El Ministerio Público indicó en ese orden que en el transcurso de las pesquisas de este caso que lleva cabo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha obtenido suficientes evidencias que vinculan al grupo con la red criminal y que fueron presentadas al tribunal, por lo que afirmó que la medida que debió imponerse en este caso es la establecida en el numeral 7mo. del artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, consistente en prisión preventiva.
Precisó que el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a cada uno de los implicados por la gravedad de los hechos y la pluralidad de imputados, para poder realizar una exhaustiva investigación que permita establecer la identidad de todos los involucrados, localizarlos y arrestarlos para ponerlos a disposición de la justicia.