Redacción Delegalymas
El Ministerio Público de La Vega solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción que sea declarado complejo el proceso seguido contra el señor Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, quien es señalado presuntamente como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico, y otros cuatro supuestos integrantes de dicha organización criminal desmantelada el pasado lunes en dicha provincia.
En ese sentido, informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción a solicitud de los abogados de la defensa de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente y preparar sus medios de defensa, aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el próximo martes 7 de julio a las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó su solicitud de medida de coerción contra el imputado Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y los demás implicados en dicha red, luego de que durante los allanamientos realizados en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles propiedad de Miguel López se ncontraran múltiples evidencias que lo vinculan a esa peligrosa actividad criminal producto de la cual además se ha establecido que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos, que además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
El Ministerio Público indicó que además del imputado Miguel López también fueron apresados, sometidos a la justicia y se solicitó la imposición de prisión preventiva por su vinculación al caso, sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte, quienes son acusados de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.