Redacción Delegalymas
El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) negoció bajo acuerdo oculto la libertad del exdirector general administrativo y financiero de la Procuraduría, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, a cambio de que mintiera, señalando que todos sus actos irregulares obedecían a instrucciones de su cliente y de Rafael Stefano Canó Sacco.
Destacan los togados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, que la PGR preparó un documento y obligó al exfuncionario a que lo leyera de forma literal como se observó en audiencia pública y se ha evidenciado en otros casos, accediendo este de manera irresponsable a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año, así como la reducción de su condena, la cual ya está negociada ante un eventual juicio de fondo.
En ese sentido, indican los juristas, que las declaraciones de imputados delatores no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal porque las mismas no crean prueba, dado que el Código Procesal Penal les permite mentir sin reproche alguno. “La doctrina mundial está conteste en que los imputados no son objetos de prueba. Solamente son aceptados para prueba propia de ellos, no para perjudicar a co-acusados”.
“Al finalizar hoy la presentación de las defensas, salvo la nuestra, 23 de 24 acusados que concertaron acuerdos, se declararon culpables sin involucrar, señalar o mencionar a Jean Alain Rodríguez, ya que ni si quieran lo conocían”, añade el Consejo de Defensa de Jean Alain.
Los abogados negaron categóricamente las declaraciones que según afirman fueron preparadas por la PGR, leídas de forma literal por ese único acusado “complaciente”, al tiempo que destacaron que si el mismo incurrió en actos irregulares, siendo señalados por decenas de personas directamente como receptor de valores y donaciones de campaña, y a su vez por otras tantas por haber dado uso político a esos fondos, ciertos o no, ilegales o no, los actos y las penas son personales, y “un acto de un tercero bajo ninguna forma puede afectar a nuestro representado”.
Señalan que el “extraditable” Rafael Stefano Canó Sacco fue el jefe de gabinete de la PGR y presidente del Movimiento Político Renovación, mientras que el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert fungía como director financiero, tanto de la PGR como del mismo movimiento político.
“Nuestro representado no tenía ningún tipo de amistad o confianza con este acusado que ha negociado de forma complaciente con la PGR, puesto que quien lo conocía e introdujo a la gestión fue Rafael Stefano Canó Sacco, su supervisor”, expresaron el doctor Balcácer y los licenciados Biaggi y Rivas.