Tras una larga disputa sobre el financiamiento de la defensa legal del capturado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos aceptó permitir que el Gobierno de Venezuela lo asuma poniendo con ello fin los enfrentamientos de parte de la Fiscalía y los abogados.
Según publicó CNN, en una carta presentada la noche de este viernes, los fiscales federales informaron al juez que supervisa el caso que el Departamento del Tesoro aceptó modificar una licencia para permitir los pagos a los abogados de Maduro y su esposa.
“Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, explicaron los fiscales al juez. Los pagos se realizarán con los fondos que disponga el Gobierno de Venezuela a partir del 5 de marzo de 2026 indicaron.
Explica la información, que tanto los Maduro como el Gobierno venezolano están sujetos a sanciones por parte de EE.UU., por lo que cualquiera que desee recibir un pago de ellos debe obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.
Se recuerda, que a finales del mes pasado, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, afirmó que la OFAC había concedido y posteriormente revocado una licencia que permitía al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios legales.
Y, en ese sentido, los fiscales afirmaron que se trataba de un “error administrativo” y que los Maduro podían acceder a sus fondos personales en Venezuela para cubrir sus gastos legales, pero Pollack argumentó que la revocación violaba el derecho constitucional de Maduro a defenderse de los cargos. Según el letrado, los Maduro habían declarado que no disponían de fondos propios para pagar los honorarios legales.
Los abogados de Maduro y su esposa solicitaron previamente al juez que desestimara la acusación, alegando que el Gobierno de EE.UU. estaba obstaculizando su capacidad para defenderse de los cargos penales relacionados con una trama de conspiración de narcoterrorismo. Y, durante una audiencia realizada el mes pasado, los fiscales acusaron a Maduro y Cilia Flores de “saquear la riqueza de Venezuela” y afirmaron que el Gobierno debería tener la capacidad de “utilizar las sanciones para influir en la política exterior”.
“Ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos”, afirmó el fiscal. “Como su señoría sabe, ese propósito es anterior a la presente causa penal”.
El juez Alvin Hellerstein se mostró escéptico ante la postura del Gobierno, afirmando que Maduro y su esposa se encontraban bajo custodia federal y que no creía que representaran ninguna amenaza.
Fuente: CNN